- El Consejo Constitucional francés ha anulado la ley que prohibía a los menores de 15 años acceder a redes sociales, al considerarla una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión.
- La decisión responde a un recurso presentado por partidos de izquierda y ecologistas, y supone un revés para Emmanuel Macron, que buscaba aprobar la medida antes de 2027.
- El presidente ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, redactar una nueva versión "jurídicamente sólida" que tenga en cuenta el fallo y el marco europeo.
- La medida francesa seguía el ejemplo de Australia, pero su anulación sienta un precedente para otros países europeos que estudian restricciones similares.
El pasado viernes, el Consejo Constitucional de Francia dio un golpe de timón a una de las medidas estrella del presidente Emmanuel Macron: la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años. El máximo órgano garante de la Constitución gala consideró que el artículo primero de la ley, aprobada el 21 de julio, suponía «una vulneración desproporcionada» de la libertad de expresión y comunicación de los jóvenes. La decisión, esperada pero no por ello menos impactante, deja en el aire una normativa que pretendía convertir a Francia en el primer país europeo en aplicar una restricción de este calibre.
El fallo, que responde a un recurso presentado por diputados de Francia Insumisa, socialistas y ecologistas, no solo cuestiona la medida en sí, sino también la forma en que se planteó. Los magistrados reconocen la necesidad de proteger a los menores de los riesgos digitales, pero advierten de que la ley era demasiado amplia y no ofrecía garantías suficientes para la privacidad de los usuarios. Ahora, Macron ha pedido al primer ministro, Sébastien Lecornu, que trabaje en una nueva redacción «jurídicamente sólida» que tenga en cuenta las observaciones del Consejo y el marco europeo, con el objetivo de aprobarla antes de la primavera de 2027.
Una prohibición demasiado general y sin garantías
El Consejo Constitucional no puso en duda la intención de proteger a los menores, pero sí la forma en que se había legislado. Según el dictamen, la prohibición se aplicaba a «numerosos servicios de comunicación en línea» sin tener en cuenta ni la situación particular de cada menor ni los riesgos específicos de cada plataforma. Además, la ley no contemplaba que los padres pudieran autorizar el acceso a servicios considerados seguros, tratando a todos los jóvenes de 15 años como si tuvieran el mismo grado de madurez.
Otro de los puntos más polémicos era el sistema de verificación de edad. La norma obligaba a las plataformas a implantar mecanismos para comprobar la edad de los usuarios, pero sin especificar cómo debían hacerlo. Esto, según el Consejo, dejaba la puerta abierta a que empresas como Instagram o X pidieran el DNI a todos los internautas, lo que supondría una intromisión excesiva en la vida privada. «Al no determinar las condiciones y los límites de esta verificación, el legislador no ha previsto las garantías legales necesarias», señalaron los magistrados.
La decisión ha sentado un precedente importante en Europa. Francia había sido el primer país de la UE en aprobar una ley de este tipo, siguiendo el ejemplo de Australia y sus sanciones a las redes sociales, que desde diciembre de 2025 prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Sin embargo, la anulación demuestra que la tendencia mundial a restringir el uso de estas plataformas entre los adolescentes puede encontrar obstáculos legales y técnicos difíciles de superar.
Reacciones y próximos pasos
La reacción del Elíseo no se hizo esperar. En un comunicado, la oficina de Macron aseguró que «la determinación del presidente de la República es total» para sacar adelante esta reforma antes de que termine su mandato, en mayo de 2027. El jefe de Estado encargó a Lecornu que prepare «lo antes posible» una nueva versión de la ley que sea «jurídicamente robusta» y respete tanto el fallo del Consejo como la normativa europea. «Seguimos trabajando contra los mecanismos adictivos», afirmó Sarah el Haïry, Alta Comisaria de la Infancia, en la red social X.
Por su parte, los impulsores del recurso celebraron la decisión. El diputado socialista Arthur Delaporte, uno de los que llevó el caso ante el Consejo, escribió en X: «En nuestro recurso, denunciábamos una medida desproporcionada que no cumplía su objetivo. Los jueces nos han dado la razón. La obstinación presidencial ha sido mala consejera». Delaporte abogó por actuar a escala europea, regulando las funcionalidades más nocivas de las plataformas en lugar de imponer prohibiciones generalizadas.
La noticia llega en un momento en que varios países europeos estudian medidas similares. España, por ejemplo, plantea elevar la edad de acceso a las redes sociales hasta los 16 años, mientras que el Reino Unido veta las redes sociales a menores de 16 años. El Ministerio de Juventud e Infancia ya ha señalado que una limitación de edad «puede ser una medida necesaria de contención», pero que «por sí sola no resuelve el problema». La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado su intención de establecer un acceso «progresivo y gradual» para los menores, con una posible prohibición para los menores de 13 años.
La evidencia científica cuestiona las prohibiciones
Mientras los gobiernos discuten cómo proteger a los menores, la evidencia científica disponible no respalda de forma clara las prohibiciones masivas. Juan García, educador digital y creador del proyecto Crianza Digital, lo resume así: «La evidencia dice, a fecha de hoy, que las prohibiciones masivas y sistemáticas realmente no son efectivas para solucionar una serie de supuestos problemas asociados al uso de las redes sociales por los adolescentes». Los primeros datos de Australia, donde la prohibición entró en vigor en diciembre de 2025, muestran que más del 81% de los menores de entre 10 y 15 años seguían utilizando al menos una de las plataformas restringidas tres meses después.
Los expertos coinciden en que el debate debería centrarse en las condiciones de uso y en el acompañamiento, más que en la edad de acceso. La Academia Estadounidense de Pediatría, por ejemplo, sostiene que no existe evidencia suficiente para establecer un límite universal de tiempo de pantalla y recomienda atender a la calidad de las interacciones digitales. En la misma línea, el proyecto europeo EU Kids Online, dirigido por Sonia Livingstone, distingue entre exposición al riesgo y daño efectivo, y señala que los menores con más competencias digitales manifiestan sentir menos daño, aunque estén más expuestos.
La decisión del Consejo Constitucional francés no solo afecta a Francia. Supone un aviso para otros países que quieran seguir el mismo camino, como España o Reino Unido. La dificultad de verificar la edad sin vulnerar la privacidad, la falta de precisión sobre qué plataformas deben incluirse y la necesidad de ofrecer alternativas fuera de las pantallas son retos que cualquier legislación deberá abordar. Mientras tanto, la pregunta que lanzaba Pilar Blasco, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, sigue en el aire: «Si no tenemos lo físico y no tenemos lo digital, ¿a dónde van a ir las personas jóvenes?».
En definitiva, el revés judicial ha evidenciado que proteger a los menores en el entorno digital es un desafío mucho más complejo de lo que parecía. No basta con fijar una edad mínima; hace falta regular el diseño de las plataformas, garantizar la privacidad, ofrecer espacios alternativos y, sobre todo, escuchar a los propios jóvenes. Francia tendrá que volver a la mesa de dibujo, y el resto de Europa observará con atención para no cometer los mismos errores.
