El gigante tecnológico Meta, propietario de Facebook e Instagram, se sienta desde este martes en el banquillo de un tribunal federal de Oakland (California) para responder a una demanda conjunta de 29 estados de Estados Unidos. La acusación sostiene que la compañía diseñó sus redes sociales para generar adicción entre los más jóvenes, ocultando los riesgos para su salud mental y violando leyes de privacidad infantil. El proceso, que arrancó con los alegatos iniciales, promete ser uno de los más seguidos de la industria tecnológica.
La coalición de fiscales generales, liderada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, reclama sanciones que podrían ascender a 200.000 millones de dólares, aunque la propia Meta eleva su exposición máxima a 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor bursátil. El juicio, que se espera dure unas seis semanas, determinará si la empresa de Mark Zuckerberg debe cambiar profundamente el funcionamiento de sus aplicaciones para proteger a los usuarios menores de edad.
Un caso que sienta precedentes
La demanda, presentada originalmente en 2023, se centra en el diseño de las plataformas y no en el contenido que publican los usuarios, una estrategia que permite esquivar la inmunidad de la Sección 230 de la Communications Decency Act. Según los fiscales, Meta utilizó algoritmos y funciones como el desplazamiento infinito, los filtros de belleza, las notificaciones constantes y el contador de ‘me gusta’ para maximizar el tiempo de uso de los menores, a pesar de conocer los efectos perjudiciales para su desarrollo psicológico.
Durante la apertura, la fiscal adjunta de California, Megan O’Neill, resumió el modelo de negocio de la compañía en cuatro acciones: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, extraer sus datos y ocultar la verdad al público. La acusación también señala que Meta recopiló información de niños menores de 13 años sin el consentimiento paterno, infringiendo la ley federal COPPA.
La defensa de Meta, liderada por el abogado Paul Schmidt, rechazó estas acusaciones y calificó las demandas de «infundadas». La empresa sostiene que ha invertido durante años en protecciones para adolescentes y que la evidencia científica no establece un vínculo causal entre el uso de redes sociales y el deterioro del bienestar juvenil. Además, critica que los estados pidan indemnizaciones «desproporcionadas» y que pretendan penalizar a Meta por desafíos que afectan a todo el sector, como la verificación de la edad.
Las cifras en juego y anteriores derrotas
Una de las claves del proceso es la cuantía económica. Los estados han indicado que un escenario de sanciones podría situarse en torno a los 200.000 millones de dólares, aunque Meta ha calculado que la exposición máxima alcanzaría 1,4 billones, una cifra que la jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha puesto en duda. En cualquier caso, un fallo adverso obligaría a la compañía a pagar una multa sin precedentes y a implementar cambios radicales en sus aplicaciones.
Meta llega a este juicio con dos condenas recientes a sus espaldas. En marzo, un jurado de Los Ángeles le impuso, junto a Google, el pago de seis millones de dólares por los daños causados por la adicción a las redes. Y a principios de agosto, un tribunal de Nuevo México ordenó a la empresa abonar 567 millones de dólares para un fondo de salud mental juvenil, además de 375 millones por un caso relacionado con la protección de menores frente a depredadores sexuales. Estos fallos, aunque apelados, marcan un precedente desfavorable.
El juicio también ha atraído la atención de miles de familias y distritos escolares que han presentado demandas individuales. Se estima que hay más de 10.000 casos pendientes en EE.UU. contra las grandes tecnológicas por los efectos adictivos de sus plataformas. La presión sobre Meta es enorme, y su negocio publicitario, que representa el 98% de sus ingresos, podría verse afectado si se imponen restricciones al tiempo de uso de los menores.
La defensa de Meta y el futuro del caso
La compañía ha defendido que ha mejorado sus herramientas de control parental y que ha creado funciones específicas para adolescentes, como cuentas privadas o límites de tiempo. Sin embargo, los demandantes insisten en que estas medidas llegan tarde y que la empresa priorizó el beneficio económico sobre la seguridad infantil. Durante el proceso se espera que declaren testigos clave, como el exingeniero Arturo Béjar, quien ha afirmado que Meta utilizaba el eufemismo «uso problemático» en lugar de «adicción» para restar importancia a los riesgos.
Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, podrían comparecer ante el tribunal. El veredicto será consultivo, ya que la decisión final recaerá en la jueza Gonzalez Rogers. Una eventual derrota no solo implicaría una multa millonaria, sino también la obligación de rediseñar los algoritmos y las funciones que los fiscales consideran adictivas. Esto podría incluir la eliminación del scroll infinito para menores, la prohibición de notificaciones nocturnas o la obligación de verificar la edad de los usuarios.
Expertos jurídicos comparan este caso con el que enfrentaron las tabacaleras en los años 90, cuando las multas multimillonarias transformaron la industria. Si Meta pierde, podría abrirse la puerta a una cascada de demandas contra otras plataformas como TikTok, Snapchat o YouTube, que también están siendo investigadas por prácticas similares. El resultado de este juicio, por tanto, podría redefinir la responsabilidad legal de las redes sociales en la protección de los menores.
Por el momento, la compañía ha mostrado su confianza en que las pruebas demostrarán su compromiso con la seguridad de los jóvenes. Pero la presión social y legal es cada vez mayor. Las familias que han perdido a hijos por suicidios relacionados con el acoso en redes esperan que este proceso marque un antes y un después. Mientras tanto, Meta continúa invirtiendo miles de millones en inteligencia artificial, una apuesta que podría verse comprometida si las sanciones económicas son abultadas.
Este juicio, sin duda, será un punto de inflexión en la relación entre la tecnología y la salud pública. La sociedad observa con atención cómo los tribunales deciden si las plataformas digitales son responsables de los efectos nocivos que pueden generar en las generaciones más jóvenes.
