- Amnistía Internacional acusa a Meta de contribuir al discurso anti-LGBTI en Hungría y de no proteger a este colectivo en Facebook.
- Meta pagará 18.000 millones de dólares en EE. UU. por prácticas adictivas que perjudican a menores, con restricciones de uso para adolescentes.
- La Comisión Europea debe aplicar con firmeza la Ley de Servicios Digitales para exigir a Meta que evalúe y mitigue los riesgos sistémicos.
- Expertos y reguladores piden medidas más contundentes contra el poder de las grandes tecnológicas, que reinciden en prácticas cuestionables.
La red social más grande del mundo vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez, no por un simple cambio de algoritmo o una actualización de sus condiciones de uso, sino por un cúmulo de denuncias y acuerdos millonarios que ponen en entredicho la responsabilidad de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Desde las críticas de Amnistía Internacional por su papel en la difusión de discursos de odio contra el colectivo LGBTI en Hungría, hasta el multimillonario acuerdo en Estados Unidos para compensar a los estados por las prácticas adictivas que afectan a los menores, la compañía de Mark Zuckerberg navega en aguas turbulentas.
Mientras tanto, en Europa, la presión regulatoria se intensifica. La Ley de Servicios Digitales (DSA) exige a las grandes plataformas que identifiquen y mitiguen los riesgos sistémicos, y la Comisión Europea ya ha puesto el foco en Meta. En España, el debate sobre la protección de los menores en el entorno digital también está sobre la mesa, con un proyecto de ley en tramitación. La pregunta que muchos se hacen es si estas acciones serán suficientes para frenar el poder de un gigante que factura cientos de miles de millones de euros al año.
Amnistía Internacional denuncia el impacto de Meta en la comunidad LGBTI de Hungría
Un informe reciente de Amnistía Internacional, titulado “’It erodes my soul’: Meta’s contribution to anti-LGBTI discourse in Hungary”, ha puesto de manifiesto cómo las decisiones de Meta han afectado negativamente a la comunidad LGBTI en el país centroeuropeo. Según el documento, el debilitamiento de las protecciones para grupos en situación de alto riesgo, implementado en enero de 2025, y la reducción significativa de la moderación proactiva de contenidos, han contribuido a un aumento del discurso de odio y la desinformación en la plataforma.
Daniela Schnidrig, asesora en funciones sobre política y trabajo de incidencia del Equipo de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional, ha sido tajante: “Meta contribuyó a los efectos negativos sobre los derechos humanos que experimentaron las personas LGBTI en Hungría”. La organización denuncia que la empresa no evaluó adecuadamente los riesgos de sus cambios de políticas en un contexto de hostilidad política y restricciones legales, como las que afectan a las reuniones del Orgullo.
La investigación incluye testimonios de personas LGBTI que relatan cómo la exposición constante a contenido anti-LGBTI en Facebook les provoca ansiedad, frustración y una sensación de indefensión. Algunas incluso han optado por retirarse temporalmente de la plataforma o autocensurarse por miedo a represalias. “Facebook es una cosa más que me produce ansiedad”, confesaba una de las entrevistadas, mientras que el periodista y activista Ádám Kanicsár describía su feed como “realmente muy poco saludable”, lleno de contenido nocivo a pesar de sus intentos por evitarlo.
El papel de Facebook en la difusión de discursos de odio
El informe de Amnistía Internacional también ha documentado ejemplos concretos de contenidos nocivos que permanecieron accesibles durante meses, incluso después de ser denunciados. Comentarios que incitan a la violencia física, lenguaje deshumanizador y discursos que presentan a las personas LGBTI como una amenaza para la infancia o el orden social son algunas de las muestras. La organización señala que estos contenidos seguían publicados en marzo de 2026, lo que evidencia deficiencias en la aplicación de los sistemas de moderación de Meta.
Alia Al Ghussain, responsable del Equipo de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional, ha señalado que el diseño de Facebook puede estar incrementando la exposición a este tipo de contenidos. “Los sistemas basados en la interacción de los usuarios pueden estar contribuyendo a una exposición reiterada a contenidos nocivos y polarizadores”, ha declarado. La organización insta a la Comisión Europea a aplicar con firmeza la DSA y a investigar si Meta cumple con sus obligaciones legales.
El acuerdo millonario en Estados Unidos por las prácticas adictivas
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Meta ha llegado a un acuerdo histórico. En agosto de 2026, la juez Yvonne González Rogers, del Tribunal del Norte de California, aprobó un pacto entre la empresa y 48 estados de EE. UU., junto con la Comisión de Comercio Federal (FTC). Meta pagará 18.000 millones de dólares para resolver las demandas que la acusaban de prácticas adictivas que perjudican a los menores de edad. Aunque la compañía no admitió culpabilidad, se ha comprometido a restringir el acceso de los menores de 18 años a Facebook e Instagram a dos horas diarias, prohibir las notificaciones entre medianoche y las seis de la mañana, y bloquearlas durante el horario escolar.
Este acuerdo ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las grandes tecnológicas. Un 75% de los consumidores estadounidenses cree que el tamaño alcanzado por estas empresas es excesivo, según una encuesta de YouGov. En Europa, la preocupación también es creciente. La Comisión Europea prefiere que se modifiquen los aspectos adictivos de las plataformas, y países como Francia prohíbe las redes sociales a menores, Portugal, Grecia, Noruega y Dinamarca estudian legislación al respecto. En España, el proyecto de Ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales ya ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros y espera su tramitación en el Congreso.
La reincidencia de los gigantes tecnológicos y la necesidad de una regulación más firme
El caso de Meta no es aislado. Los gigantes tecnológicos despliegan sus ejércitos de abogados para frenar acciones judiciales o hacer lobby contra las autoridades públicas, y cuando pierden, las multas suelen ser pequeñas en comparación con sus ingresos. Alphabet, la matriz de Google, facturó 402.800 millones de euros en 2025, mientras que las multas impuestas por la UE, como los 4.340 millones de euros de 2017 o los 2.950 millones de 2025, palidecen ante estas cifras.
La UE cuenta con instrumentos como la DSA y el Reglamento de Mercados Digitales, pero los expertos piden medidas más contundentes. Las siete magníficas (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla) tienen una capitalización bursátil superior al billón de dólares, y las multas de pocos miles de millones son una molestia menor. Timothy Wu, profesor de la Universidad de Columbia y ex asesor de tecnología en la Casa Blanca, y Lina Khan, expresidententela de la FTC, coinciden en que se necesitan acciones más firmes para restablecer una competencia justa.
En definitiva, la situación actual refleja una tensión constante entre la innovación y el poder de mercado. Mientras los reguladores intentan poner límites, las empresas tecnológicas continúan creciendo y reincidiendo en prácticas cuestionables. La sociedad y los gobiernos deberán decidir si anteponen la protección de los derechos y la competencia justa a la comodidad de usar productos a los que muchos ya están completamente habituados. La presión sobre Meta, tanto en Europa como en Estados Unidos, es una señal de que algo está cambiando, pero el camino hacia una regulación efectiva aún es largo.
