- Una coalición de 29 estados de EE.UU. acusa a Meta de diseñar Instagram y Facebook para enganchar a menores.
- La compañía se enfrenta a una posible sanción de hasta 1,4 billones de dólares, cerca de su valor bursátil.
- El juicio, que arrancó en Oakland, podría imponer cambios drásticos en el diseño de las plataformas.
- Precedente: una condena en Nuevo México obligó a Meta a pagar 567 millones de dólares.
Meta, la matriz de Instagram y Facebook, se sienta estos días en el banquillo de un tribunal federal de Oakland (California) para responder a una demanda conjunta de 29 estados de Estados Unidos. La acusación sostiene que la compañía diseñó deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los menores, empleando funciones como el scroll infinito o las notificaciones constantes. Además, se le reprocha haber recopilado datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento paterno que exige la ley federal, y haber transmitido a las familias una imagen de seguridad que contradice sus propias investigaciones internas.
El proceso, que arrancó este miércoles con la selección del jurado, será supervisado por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Los alegatos iniciales están previstos para el 18 de agosto y el juicio se prolongará previsiblemente durante siete semanas, con un veredicto que podría conocerse en octubre. La tecnológica, que no ha logrado frenar el procedimiento pese a sus recursos, se juega mucho más que una sanción económica: los estados demandantes piden cambios estructurales en el diseño de las aplicaciones, como límites de tiempo para los usuarios jóvenes, restricciones por edad y la eliminación del scroll infinito.
Una demanda de dimensiones colosales
La propia Meta ha cifrado su exposición potencial en 1,4 billones de dólares, una cantidad que roza su valor bursátil total, que ronda los 1,5 billones. Esa cifra surge de acumular las sanciones previstas por las supuestas violaciones de las leyes de protección al consumidor y privacidad, aunque los estados todavía no han concretado la cantidad que reclamarán. La compañía califica este cálculo de “descabellado” y sin precedentes, ya que, según su defensa, el método permitiría contabilizar varias veces a los mismos adolescentes, inflando artificialmente la multa.
El caso no se limita al contenido que ven los menores, sino que apunta directamente al funcionamiento tecnológico de Facebook e Instagram. Los estados sostienen que Meta incorporó mecanismos destinados a prolongar el tiempo de uso, entre ellos el desplazamiento infinito, las notificaciones persistentes y los algoritmos que priorizan la interacción. También acusan a la compañía de haber ocultado informes internos que advertían de los riesgos para la salud mental de los jóvenes, una estrategia que recuerda a la utilizada contra la industria tabacalera en los años noventa.
Las funciones bajo sospecha
Entre las características cuestionadas por los fiscales generales figuran el scroll infinito, que permite navegar sin fin por el contenido, y las notificaciones diseñadas para atraer al usuario de vuelta a la app. También se menciona la falta de controles eficaces para impedir el acceso de niños menores de 13 años, pese a que la legislación federal lo prohíbe. La demanda asegura que Meta trasladó a las familias una imagen de seguridad de sus servicios mientras sus propios estudios señalaban los peligros para los adolescentes.
Los estados, liderados por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, piden además que se eliminen los modelos de inteligencia artificial entrenados con datos de menores, y que se rediseñen los algoritmos para priorizar el bienestar frente a la interacción. Estas medidas, de aplicarse, supondrían una transformación profunda en la forma en que millones de personas usan estas redes sociales cada día.
Declaraciones de Zuckerberg y precedentes judiciales
Uno de los momentos más esperados será la declaración de Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y de Adam Mosseri, responsable de Instagram. Ambos están en la lista de testigos y su testimonio podría resultar decisivo. No obstante, la compañía mantiene su estrategia de defensa: la “adicción a las redes sociales” no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, lo que, según Meta, invalida la acusación de que engañó a los consumidores.
Este juicio llega después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a Meta pagar una cuantiosa indemnización por los daños causados a los jóvenes por sus plataformas. Esa sentencia, que la empresa ha anunciado que recurrirá, ha sido vista como un precedente de lo que podría ocurrir en California. Además, la semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la petición de Meta de retrasar el inicio del proceso, allanando el camino para que el caso se celebre en las fechas previstas.
Un caso que trasciende fronteras
Mientras el juicio se desarrolla en Estados Unidos, en Europa la preocupación por el impacto de las redes sociales en los menores también ha llevado a reforzar la legislación. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea ya impone obligaciones específicas a las plataformas para proteger a los usuarios más jóvenes. Aunque este caso se centra en el mercado estadounidense, el resultado podría sentar jurisprudencia y acelerar cambios regulatorios en otros países, incluida España, donde el debate sobre el uso de redes sociales en la infancia está muy presente.
Los demandantes consideran que Meta ha priorizado durante años el beneficio económico sobre la seguridad de los niños. La investigación que dio origen a esta demanda se remonta a 2021, cuando la exemplelada Frances Haugen filtró documentos internos que mostraban que la compañía conocía los riesgos de Instagram para la salud mental de los adolescentes. Esas revelaciones impulsaron una ola de litigios y llevaron a los fiscales generales a unir fuerzas en una acción coordinada.
Con más de 3.000 demandas relacionadas acumuladas ante la jueza Gonzalez Rogers, este juicio no solo decidirá el futuro de Meta, sino que establecerá un referente para todas las plataformas digitales. La decisión, que se espera para octubre, podría obligar a la compañía a rediseñar sus aplicaciones a nivel global, con independencia de la cuantía económica final. Mientras tanto, los padres, educadores y reguladores de medio mundo observan con atención un caso que podría cambiar las reglas del juego en la industria tecnológica.
