- Un juez de Nuevo México ordena a Meta abonar 567 millones de dólares adicionales, que se suman a los 375 millones ya impuestos, por los perjuicios causados a los menores en Facebook e Instagram.
- La resolución, pionera en Estados Unidos, declara a la compañía como un 'perjuicio público' y le obliga a implementar medidas de protección para los adolescentes durante los próximos cinco años.
- El fallo podría sentar precedente en otros estados y en la Unión Europea, donde la protección de los menores en el entorno digital es una prioridad.
La justicia estadounidense ha vuelto a poner el foco sobre las grandes tecnológicas. Un tribunal de Nuevo México ha dictado una sentencia histórica contra Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, al considerarla responsable de los daños causados a los menores que utilizan sus plataformas. La compañía deberá desembolsar una cifra millonaria que, sumada a sanciones anteriores, supera los 900 millones de dólares.
El fallo, dado a conocer este jueves, no solo implica una compensación económica, sino que también obliga a la empresa a rediseñar el funcionamiento de sus servicios para los usuarios más jóvenes. Se trata de la primera vez que una red social es declarada como un ‘perjuicio público’ en Estados Unidos, un concepto que tradicionalmente se aplicaba a fábricas contaminantes o actividades que afectan al bienestar general de la ciudadanía.
Una sanción récord que eleva la factura total
El juez Bryan Biedscheid, del tribunal de Santa Fe, ha ordenado a Meta pagar 567 millones de dólares adicionales (unos 492 millones de euros) a un fondo destinado a la salud mental de los adolescentes. Esta cantidad se suma a los 375 millones de dólares (325 millones de euros) que un jurado ya había impuesto a la empresa en marzo, tras concluir que había violado la legislación de protección al consumidor al presentar sus plataformas como espacios seguros para los jóvenes.
En total, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg deberá hacer frente a un desembolso de 942 millones de dólares, la mayor condena económica por seguridad infantil en la historia de la empresa. De esa cantidad, unos 420 millones se destinarán a financiar programas y profesionales clínicos para tratar los daños ya causados, mientras que los 147 millones restantes se emplearán en campañas de concienciación y prevención dirigidas a docentes y profesionales de la salud.
El magistrado comparó a Meta con una fábrica cuyo producto es la publicidad y el contenido, y consideró que el daño psicológico y la explotación sexual de los menores son la contaminación que debe erradicarse. En su escrito, Biedscheid señaló que los efectos nocivos de las plataformas no se limitan al ámbito digital, sino que se extienden al mundo real, generando una carga social que afecta a familias, escuelas, hospitales y fuerzas de seguridad.
Medidas obligatorias para proteger a los adolescentes
Más allá de la sanción económica, la resolución judicial impone a Meta una serie de cambios obligatorios en el funcionamiento de sus servicios durante los próximos cinco años. Entre las medidas más destacadas se incluyen:
- Limitar el tiempo de uso de Facebook e Instagram para los adolescentes, con un máximo de 90 horas al mes.
- Restringir las notificaciones durante la noche y el horario escolar para evitar un uso excesivo.
- Reforzar los controles sobre la comunicación entre adultos y menores, impidiendo que los adultos puedan enviar mensajes a usuarios menores de edad.
- Aplicar nuevas salvaguardas en los chatbots de inteligencia artificial para prevenir situaciones de riesgo.
- Mejorar la gestión de denuncias relacionadas con abusos sexuales infantiles, con una política de una sola advertencia para los adultos que participen en este tipo de delitos.
El juez también ha ordenado a la compañía desarrollar un sistema capaz de predecir la edad de los usuarios menores de 13 años, basándose en señales de comportamiento como las cuentas que siguen o el lenguaje utilizado en los comentarios, en lugar de fiarse únicamente de la edad declarada por el usuario.
El origen del caso y la respuesta de Meta
La demanda fue presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de anteponer sus beneficios económicos a la seguridad de los menores. Según la acusación, los algoritmos de recomendación de la compañía ‘orientaban’ a los usuarios más jóvenes hacia contenido y contactos dañinos, exponiéndolos a material sexualmente explícito y a depredadores.
En la primera fase del juicio, celebrada en marzo, un jurado determinó que Meta había infringido de forma reiterada la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México. La segunda fase, concluida esta semana, ha servido para establecer que los daños causados alcanzan el nivel de ‘perjuicio público’, lo que ha permitido imponer la sanción adicional.
Meta ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. En un comunicado, la compañía ha asegurado que lleva años trabajando para identificar y eliminar contenidos perjudiciales de sus plataformas y que confía en su historial de protección de los adolescentes en internet. ‘Seguimos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos’, ha declarado un portavoz de la empresa.
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México ha celebrado la resolución como una victoria para las familias y ha asegurado que el fallo supone un modelo a seguir para otros estados y países que afrontan la misma crisis. ‘Esto no es solo una sentencia contra una empresa, es una hoja de ruta’, ha afirmado Torrez.
Un precedente con eco en Europa
El caso de Nuevo México forma parte de una ofensiva legal cada vez mayor contra las grandes redes sociales. Más de 40 estados de Estados Unidos y más de 1.300 distritos escolares han presentado demandas contra compañías tecnológicas por los posibles daños que sus plataformas causan en niños y adolescentes.
En el ámbito europeo, la sentencia podría tener repercusiones significativas. La Comisión Europea acusa a Meta por el diseño adictivo de sus redes y la Ley de Servicios Digitales (DSA) ya exige a las plataformas medidas más estrictas para proteger a los menores, y fallos como este refuerzan la presión regulatoria sobre las multinacionales tecnológicas. En España, la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades competentes podrían verse influenciadas por este precedente a la hora de endurecer las exigencias a las plataformas digitales.
La próxima semana está previsto que comience otro juicio importante contra Meta en California, donde casi tres decenas de fiscales generales de distintos estados demandan a la compañía por violar las leyes de privacidad infantil. La compañía también se enfrenta a un proceso en Tennessee relacionado con trastornos alimentarios y depresión presuntamente vinculados al uso de Instagram.
Con esta sentencia, el tribunal de Nuevo México ha establecido un antes y un después en la regulación de las redes sociales. La suma de 942 millones de dólares no solo castiga a Meta, sino que redefine el marco legal para toda la industria tecnológica, enviando un mensaje claro de que la protección de los menores debe ser una prioridad innegociable.
