- La Generalitat ha puesto en marcha la renovación de unos 87.000 portátiles de docentes con más de cinco años de uso.
- El CTTI justifica el cambio por la “posible obsolescencia tecnológica” y el aumento de incidencias pasado ese tiempo.
- Sindicatos como Ustec·Stes, CSIF y La Intersindical critican el gasto y denuncian incoherencias con las políticas de sostenibilidad.
- Educación asegura que los nuevos equipos son más potentes y que el profesorado no está obligado a aceptar el cambio.
La decisión de la Generalitat de Cataluña de renovar de golpe decenas de miles de ordenadores portátiles del profesorado ha abierto un intenso debate en el sistema educativo catalán. El plan, que afecta a prácticamente todo el personal docente con dispositivo corporativo, se justifica por motivos técnicos, pero ha levantado ampollas entre los sindicatos por su impacto económico y ambiental.
En concreto, la Conselleria de Educación y Formación Profesional está ejecutando la sustitución de unos 87.000 portátiles asignados al profesorado de los centros educativos. La operación forma parte de la política general de renovación tecnológica de la administración catalana, pero en los institutos y escuelas muchos la ven como una medida poco ajustada a las necesidades reales de las aulas.
Por qué se renuevan los portátiles a los cinco años
Según explican fuentes del departamento, el criterio técnico viene marcado por el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el organismo que centraliza la gestión de las TIC de la Generalitat. Este centro considera que, una vez superado el umbral de cinco años de uso, los dispositivos entran en una fase de “posible obsolescencia tecnológica”.
Desde el Govern subrayan que este plazo de cinco años no es una cifra escogida al azar, sino que responde a la experiencia acumulada con el conjunto del parque informático de la administración autonómica. A partir de ese tiempo, señalan, se dispara el número de incidencias relacionadas con el hardware y el rendimiento, lo que acaba afectando tanto al soporte técnico como a la actividad diaria del personal.
La Conselleria recalca además que los equipos que se están distribuyendo disponen de más capacidad de proceso y mejores prestaciones que los que se retirarán. El objetivo oficial es mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, facilitando el uso de plataformas educativas, videoconferencias, aplicaciones de gestión académica y otros recursos digitales que requieren más potencia que hace unos años.
Otra cuestión que Educación ha querido dejar clara es que el programa de renovación no es obligatorio para cada docente. Si algún profesor o profesora considera que su ordenador actual funciona correctamente y prefiere conservarlo, puede hacerlo; en esos casos, no se forzará el canje del dispositivo por uno nuevo.
Malestar entre los sindicatos por gasto y sostenibilidad
La operación, sin embargo, ha sido recibida con fuerte crítica sindical en el ámbito educativo. Diferentes organizaciones de docentes cuestionan tanto el uso de recursos públicos como la coherencia ambiental de retirar equipos que, según sostienen, todavía pueden rendir adecuadamente en los centros.
El sindicato Ustec·Stes, mayoritario en muchos colegios de infantil y primaria, considera que la retirada masiva de estos portátiles supone un “malgasto de recursos públicos” al prescindir de material informático que sigue siendo funcional o que podría seguir en servicio mediante pequeñas intervenciones de actualización.
Para esta organización, la política del Govern resulta difícil de encajar con los discursos institucionales sobre sostenibilidad, escuela verde y uso responsable de los recursos. A su juicio, apostar por un reemplazo sistemático a los cinco años, sin explorar a fondo la reparación, la actualización o la reutilización interna, lanza un mensaje contradictorio a la comunidad educativa sobre consumo responsable y reducción de residuos.
Desde La Intersindical Educació, su portavoz, Marc Martorell, ha sido especialmente contundente con la gestión de la medida. Denuncia que muchos de estos ordenadores acabarán directos en el punto verde, pese a que todavía están en condiciones de seguir utilizándose, y acusa al departamento de no querer asumir los costes y la logística del mantenimiento del hardware existente.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) añade otra dimensión al debate: asegura que el profesorado no está pidiendo más dispositivos, sino más manos y más estabilidad. Según esta central, las prioridades reales en los centros pasan por contar con plantillas más estables, suficientes recursos humanos de apoyo y mejoras en las condiciones laborales, antes que por la renovación cíclica de los portátiles.
Inversión tecnológica y contradicciones percibidas
Las organizaciones sindicales también relacionan esta sustitución masiva con la inversión tecnológica realizada en los últimos años en el sistema educativo catalán. Calculan que, entre diferentes programas de digitalización, se han comprometido hasta unos 200 millones de euros, una cifra que consideran elevada si se compara con otras necesidades pendientes en los centros.
Desde CSIF se habla de una cierta contradicción entre el esfuerzo presupuestario en dispositivos digitales y las restricciones que, al mismo tiempo, se están introduciendo al uso intensivo de pantallas en algunas etapas educativas. Mientras se renuevan equipos de forma periódica, recuerdan, se está revisando el papel de la tecnología en las aulas más tempranas para evitar una sobreexposición digital del alumnado.
Los sindicatos plantean que, antes de seguir ampliando o renovando el parque tecnológico, la administración debería replantearse su estrategia global de digitalización. Proponen abrir un debate de fondo sobre el modelo de escuela digital que se quiere construir, el peso que deben tener los dispositivos en el día a día del aula y la manera más eficiente y sostenible de gestionar todo ese material.
Ustec·Stes, por ejemplo, reclama la realización de una auditoría detallada del material que se retira de los centros. Su objetivo sería determinar cuántos de estos portátiles son realmente irrecuperables y cuántos podrían seguir utilizándose, ya sea con reparaciones menores, ampliaciones de memoria, cambio de discos o reconfiguración para usos menos exigentes.
Otro de los puntos que genera preocupación es el destino final de los dispositivos que se dan de baja. Los representantes del profesorado temen que una parte importante acabe tratándose como residuo electrónico sin agotar su vida útil potencial, algo que, a su entender, va en dirección opuesta a los compromisos de economía circular y reducción de desechos que la propia administración proclama.
La respuesta de Educación: mejora de servicio y voluntariedad
Ante la oleada de críticas, la Conselleria de Educación defiende que la política de renovación se aplica a todos los dispositivos de la Generalitat siguiendo el mismo criterio temporal de cinco años, no solo a los portátiles docentes. Insiste en que se trata de una decisión basada en parámetros técnicos, vinculada al aumento de incidencias que se registra a partir de cierto tiempo de uso.
El departamento remarca que la medida pretende, en última instancia, garantizar un servicio más estable y eficiente tanto para la administración como para el profesorado. Un parque informático homogéneo y relativamente reciente, argumentan, facilita el soporte, reduce los tiempos de reparación y minimiza los problemas durante el curso escolar, especialmente en momentos de alta carga como evaluaciones o gestiones burocráticas.
Desde Educación también recalcan que los nuevos equipos proporcionan mejores condiciones técnicas para la labor docente: mayor velocidad, mejor capacidad para trabajar con varias aplicaciones a la vez, almacenamiento más rápido y, en general, más margen para utilizar herramientas digitales actuales sin ralentizaciones constantes.
Uno de los mensajes que el Govern ha repetido es que nadie está obligado a entregar su portátil si no lo desea. La sustitución se ofrece como una opción generalizada, pero si un docente tiene un ordenador que considera plenamente operativo y prefiere seguir con él, puede mantenerlo. En estos casos, no se forzará el cambio ni se retirará el equipo contra la voluntad del usuario.
Con todo, la controversia en torno a la renovación de estos 87.000 portátiles refleja la tensión existente entre modernizar la infraestructura tecnológica de la escuela catalana y, al mismo tiempo, responder a las exigencias de sostenibilidad, optimización del gasto público y prioridades pedagógicas que plantean los profesionales. La discusión no gira solo en torno a ordenadores, sino a qué modelo de gestión de recursos y de digitalización se quiere para las aulas en los próximos años.
