- El Gobierno brasileño exige a Discord una indemnización de 97 millones de dólares por daños morales colectivos.
- La demanda se produce tras el suicidio de una adolescente durante una videollamada en la plataforma.
- Se solicita reforzar controles parentales, verificación de edad y cooperación con las autoridades.
- Discord califica la demanda de desproporcionada y asegura haber colaborado con las autoridades.
El Gobierno de Brasil ha llevado a los tribunales a la popular plataforma de comunicación Discord, reclamando una compensación económica de 500 millones de reales, unos 97 millones de dólares al cambio actual, por los daños morales colectivos derivados de la falta de medidas de protección efectivas para los menores de edad. La acción legal, presentada ante un tribunal federal del Distrito Federal, busca responsabilizar a la compañía estadounidense por los graves incidentes ocurridos en su servicio, entre ellos el trágico suicidio de una adolescente de 13 años durante una videollamada en julio pasado.
La demanda, impulsada por la Abogacía General de la Unión (AGU), llega después de que las negociaciones entre el Ejecutivo y la empresa fracasaran. Las autoridades consideran que las propuestas presentadas por Discord para mejorar la seguridad eran insuficientes, especialmente en lo referente a la verificación de edad y a los mecanismos de prevención de riesgos. Este caso ha generado una gran repercusión social en Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado una agenda para regular el acceso de los menores a las plataformas digitales, en plena campaña para las elecciones de octubre.
Los motivos de la demanda y el caso que la originó
El origen de todo se remonta a una transmisión en vivo que se prolongó durante más de dos horas en la plataforma. En ella, una adolescente de 13 años falleció tras ser inducida al suicidio, mientras otros participantes se autolesionaban y cometían actos de crueldad contra animales. La Policía Civil brasileña actuó para interrumpir la retransmisión, pero la respuesta de Discord fue cuestionada por las autoridades, que señalaron que la empresa tardó demasiado en reaccionar. Según el Ministerio de Justicia, los sistemas de verificación de edad y las protecciones de seguridad de la plataforma presentan deficiencias que representan un grave riesgo para los usuarios más vulnerables.
La demanda presentada por el Gobierno brasileño sostiene que Discord ha cometido «violaciones directas» a las obligaciones establecidas en la legislación del país, especialmente en la reciente Ley 15.211/2025, conocida como ECA Digital, que regula la protección de niños y adolescentes en los servicios digitales. Además de la indemnización económica, la AGU pide al tribunal que ordene a la plataforma implementar una serie de medidas concretas en un plazo de 15 días, bajo amenaza de una multa diaria de 500,000 reales (cerca de 97,000 dólares).
Medidas solicitadas y la respuesta de Discord
Entre las exigencias del Gobierno se incluye el refuerzo inmediato de los controles parentales, la ampliación de la cooperación con las fuerzas policiales y el despliegue de herramientas automatizadas para detectar y eliminar contenido peligroso. También se solicita la implementación de sistemas capaces de prevenir situaciones de riesgo como el acoso, la sextorsión, la inducción al suicidio o la difusión de imágenes de maltrato animal. La plataforma deberá, asimismo, mejorar la moderación en portugués y verificar de manera eficaz la edad de los usuarios, vinculando las cuentas de los menores con las de sus responsables legales si fuera necesario.
Ante estas acusaciones, un portavoz de Discord ha declarado que la demanda es «desproporcionada y no refleja con precisión el enfoque de Discord en materia de seguridad ni su cumplimiento de la legislación brasileña». La compañía asegura que ha colaborado de buena fe y de forma constante con la Fiscalía General de Brasil, y que incluso presentó una propuesta detallada para reforzar la seguridad mediante cambios técnicos, además de invertir en iniciativas de protección en línea. Sin embargo, las autoridades brasileñas consideran que estas medidas no son suficientes para garantizar un entorno seguro para los menores.
Contexto y antecedentes internacionales
Este no es un caso aislado. La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil ya había ordenado a mediados de agosto la suspensión temporal de las transmisiones en vivo de Discord, una funcionalidad conocida como «Go Live», mientras la empresa no demostrara la adopción de medidas suficientes para proteger a niños y adolescentes. La medida fue recurrida por la plataforma, que cuestionó la competencia de la agencia para tomar esa decisión. Además, la primera dama brasileña, Rosângela ‘Janja’ da Silva, había pedido abiertamente que la plataforma dejara de operar en el país tras el trágico suceso.
En el ámbito internacional, Discord también enfrenta presiones en otros países. Rusia y Turquía han llegado a bloquear sus servicios en determinados momentos, mientras que el estado de Texas, en Estados Unidos, abrió el año pasado una investigación por la difusión de contenidos extremistas entre menores. La propia compañía reconoce tener más de 90 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, lo que eleva la responsabilidad sobre el uso que se hace de su plataforma.
La demanda brasileña se suma a una serie de acciones legales emprendidas en otros estados de EE.UU., como Nevada y Nueva Jersey, lo que refleja una creciente preocupación global por la seguridad de los menores en el entorno digital. Mientras tanto, en Brasil, las investigaciones continúan y ya se han producido seis detenciones relacionadas con el caso, entre ellas cinco menores de entre 13 y 17 años y un adulto, acusados de inducir a la automutilación de la joven.
Por último, cabe recordar que esta situación pone de manifiesto la necesidad de que las plataformas tecnológicas asuman un papel más activo en la protección de los colectivos más vulnerables. La presión regulatoria sobre Discord no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia mundial hacia un internet más seguro y responsable. El caso brasileño puede sentar un precedente importante para otros países que buscan exigir cuentas a las grandes empresas digitales.