- La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha registrado 349 alegaciones contra la evaluación ambiental del centro de datos de Microsoft en Zaragoza.
- El proyecto contempla trasladar dos millones de metros cúbicos de tierras al vertedero clausurado de Las Canteras, el 87% de la excavación.
- El plazo de alegaciones finaliza el 1 de septiembre y se ha convocado una charla informativa para el 10 de septiembre en el antiguo Cine Venecia.
- La FABZ se suma a la oposición y reclama una moratoria para los centros de datos en Aragón.
La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha dado un paso al frente en su lucha contra el centro de datos que Microsoft proyecta junto a Puerto Venecia, en Zaragoza. Este viernes, el colectivo ha registrado en el Gobierno de Aragón un total de 349 alegaciones a la nueva evaluación de impacto ambiental de esta infraestructura, una cifra que podría aumentar en los próximos días. El trámite de información pública, abierto el 30 de julio, encara su recta final: el plazo para presentar escritos concluye el próximo 1 de septiembre.
La movilización vecinal no ha dado tregua durante el mes de agosto. A pesar de que el periodo estival complica la participación ciudadana, la plataforma ha logrado recopilar 275 alegaciones agrupadas y un número significativo de registros individuales, tanto en línea como presenciales. Según han explicado sus portavoces, todavía están recibiendo más escritos y prevén entregarlos el lunes, justo antes de que expire el plazo. La oposición no se limita a un único frente: la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) también ha presentado sus propias alegaciones y se ha sumado a las críticas.
El vertedero de Las Canteras, principal foco del rechazo
Uno de los aspectos que más controversia genera es el destino de las tierras excavadas. La documentación sometida a información pública revela que Microsoft planea transportar dos millones de metros cúbicos de material al vertedero clausurado de Las Canteras, lo que supone el 87% de toda la excavación del proyecto. Esta previsión ha sido calificada por la plataforma como una nueva afección ambiental que debería llevar a la desestimación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) promovido por la multinacional.
El portavoz de Salvemos los Pinares, Ángel Sanz, ha sido contundente al referirse a esta cuestión: «Modifican un Plan General de Interés General de Aragón para decir que las tierras no las llevaremos a 17 kilómetros, sino que las meteremos aquí en un vertedero que es ilegal y lleva diez años cerrado». La plataforma considera que el traslado masivo de tierras agravaría el impacto ambiental de una infraestructura que ya genera recelos en el entorno de Puerto Venecia y el barrio de Torrero.
Críticas a la tramitación y a los beneficios prometidos
Las alegaciones presentadas no solo cuestionan el fondo del proyecto, sino también la forma en que se ha llevado a cabo el proceso. Los escritos denuncian que el plazo de 23 días concedido en pleno mes de agosto es claramente insuficiente para analizar más de cuatro mil folios de documentación, lo que impide una participación ciudadana efectiva. Además, señalan que la documentación sometida a información pública solo modifica parte del expediente, dejando fuera otros documentos relacionados, como los resúmenes no técnicos, lo que dificulta conocer el alcance real del PIGA.
Otro de los reproches se centra en la falta de evaluación conjunta de todos los proyectos de centros de datos que se tramitan en Aragón. La plataforma sostiene que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y el Gobierno autonómico no están valorando adecuadamente los efectos acumulativos y sinérgicos de estas infraestructuras sobre el territorio, la energía, el agua y la salud de las personas. En este sentido, recuerdan que diversos estudios y organizaciones ambientales han alertado sobre las graves afecciones de estos proyectos, lo que debería llevar a una moratoria.
La FABZ se suma y pide una moratoria
La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha ampliado el foco de la protesta. Su presidente, Arturo Sancho, ha advertido de que «la falta de controles y planificación sobre la implantación de los centros de datos en Aragón la vamos a pagar cara». La FABZ reclama que el impacto sobre la red eléctrica y el consumo de agua se analice de manera conjunta y global, y no de forma fragmentada proyecto a proyecto. También alerta del posible efecto de isla de calor que podría generar el complejo de Microsoft, afectando a un radio de diez kilómetros en el ámbito urbano de Zaragoza, según estudios que atribuyen a la NASA.
La federación ha pedido formalmente una moratoria para la implantación de nuevos centros de datos en la comunidad, una postura que respalda la planteada por Pedro Arrojo, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Esta reclamación coincide con una de las cuestiones planteadas por Salvemos los Pinares en sus alegaciones, que consideran que las administraciones están aprobando estos proyectos con una legislación hecha a medida, sin tener en cuenta las experiencias negativas de otros lugares como Estados Unidos.
Coordinación entre colectivos y próximas acciones
La oposición al centro de datos de Microsoft no se limita a Zaragoza. La plataforma Salvemos los Pinares ha asegurado que está coordinada con otros colectivos afectados por proyectos similares en Aragón, con el objetivo de hacer frente a lo que describen como «una colonización del territorio para beneficio de multinacionales» bajo el pretexto de generar riqueza y empleo, algo que, en su opinión, no se corresponde con la realidad. Esta red de colectivos busca articular una respuesta conjunta ante la expansión de estas instalaciones en la comunidad.
El siguiente hito en esta batalla será la charla informativa convocada para el próximo 10 de septiembre en el antiguo Cine Venecia. En ella, la plataforma explicará los impactos que atribuye al centro de datos y sus repercusiones sobre el territorio y la salud de las personas. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, continúa con la tramitación ambiental, aunque la presión vecinal y las alegaciones presentadas podrían condicionar la declaración de impacto ambiental. El debate sobre el modelo territorial que quiere Aragón para las próximas décadas está más vivo que nunca, y la decisión sobre este proyecto marcará un precedente para los más de veinte centros de datos que esperan instalarse en la región.